El Consejo de Dirección de la Universidad de Burgos ha expresado hoy su adhesión al comunicado realizado por CRUE en el que las rectoras y rectores de las universidades españolas reflejan su máxima preocupación ante la falta de respuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública a la reclamación del sistema universitario para que se definan correctamente los procedimientos de gestión y justificación de los proyectos de investigación universitaria financiados con fondos Next Generation, lo que amenaza con la paralización de los mismos.
Esta situación está llevando a varias universidades a tener que renunciar a estos fondos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y, en concreto, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno.
Actualmente, la Universidad de Burgos lleva a cabo diversos proyectos de investigación financiados con fondos Next Generation, con una financiación global que supera los 10 millones de euros.
El pasado 11 de mayo, CRUE envió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para trasladarle que los gestores administrativos de la investigación están sufriendo una sobrecarga de burocracia en la gestión y justificación de las ayudas que desborda su capacidad. A esta situación se suma la falta de coordinación por parte de los diferentes órganos financiadores del Gobierno y la confusión respecto a cómo se debe gestionar desde las universidades la justificación de los fondos del MRR, porque las instrucciones de Hacienda no aclaran si las obligaciones atribuidas a los agentes gestores aplican a todos los contratos o si, por el contrario, los contratos menores están excluidos.
CRUE considera que la asunción de las responsabilidades de aportación de información en el sistema de gestión solo es posible si las obligaciones establecidas aplican, exclusivamente, a los contratos mayores, esto es, superiores a 50.000 euros (límite establecido a los contratos menores realizados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación SECTI). Por ello, para favorecer una gestión más ágil y acorde con las capacidades de las unidades de gestión de investigación de las universidades españolas, esta asociación solicita que:
- Las universidades, como parte del SECTI y entidades ejecutoras en la gestión de fondos PRTR en el marco de los proyectos de investigación y transferencia, sean eximidas del cumplimiento de las obligaciones exigidas sobre la aportación de la información que se genere en los procesos de gestión acerca de los intervinientes en los contratos menores inferiores a 50.000 euros.
- No se duplique la carga de gestión de los proyectos del PRTR dejando un solo sistema de información que pueda servir para la justificación de los fondos ejecutados evitando así, el colapso absolutamente predecible y de consecuencias nefastas en la gestión de los fondos PRTR dedicados a la investigación.