La presidenta de Crue y rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón, ha trasladado al ministro de Universidades, Joan Subirats, la preocupación de las universidades ante el grave problema de la insuficiente financiación pública que se arrastra desde los recortes de 2012. Eva Alcón ha calificado la situación de urgencia y ha pedido a Subirats que se detalle con la mayor brevedad el compromiso de las distintas administraciones para alcanzar el incremento, como mínimo, hasta el 1% del PIB nacional que fija la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y que supondría un aporte extra para las universidades públicas de más de 3.000 millones anuales. Alcón ha acudido al encuentro en el Ministerio de Universidades con el presidente de Crue i+D+i y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, y el presidente de Crue-Profesorado y rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia.
En el mismo sentido, el rector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos, ya expresó la semana pasada, durante la celebración del último Consejo de Gobierno de la UBU, la “máxima preocupación de la institución por las consecuencias económicas que la entrada en vigor de la nueva Ley del Sistema Universitario (LOSU) acarrea para nuestra Universidad y para el resto del sistema universitario Español”. La reducción de carga docente que impone la LOSU implicará la necesidad de cubrir 2.000 créditos al año (un título universitario de grado supone 240 créditos). Para compensar esos créditos que quedarán sin docencia asignada, la Universidad de Burgos precisaría, ya en el próximo curso, la contratación de 116 nuevos docentes con la categoría de Profesor Ayudante Doctor, lo que, en términos económicos, supone un gasto extra de más de 4,5 millones de euros anuales.
En su reunión con el ministro, la presidenta de Crue ha reconocido la complejidad del problema, como consecuencia del modelo autonómico y de su reparto de competencias, en el que las CC.AA. son las principales responsables de la financiación ordinaria anual de las universidades, pero también que nada impide desplegar programas estatales de financiación al sector con objetivos específicos. Desde las universidades, ha asegurado la rectora de la UJI, se entiende que debe ser una prioridad la asignación de recursos del Estado a las CC.AA. para prestar los servicios de educación universitaria y garantizar los principios de igualdad de oportunidades y de equidad.
Programación plurianual por objetivos
Antes del encuentro de la rectora Eva Alcón y el ministro Subirats, ha tenido lugar otra reunión en la sede de este Departamento entre representantes del Ministerio y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la presidenta del Grupo de Trabajo para la Financiación universitaria de Crue, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro. El objetivo de este encuentro era conocer el estado del informe encargado el pasado mes de marzo al Ivie sobre el desarrollo de los instrumentos de programación plurianual por objetivos.
La financiación plurianual es una reivindicación histórica de Crue y la nueva ley puede ser una oportunidad para ponerla en práctica. Por ello, los pasados 31 de agosto y 1 de septiembre esta asociación convocó en Santander a rectores, rectoras, responsables universitarios y autonómicos, expertos europeos en el desarrollo de marcos de financiación en sus respectivos países y miembros del Ivie para que analizaran los instrumentos de programación plurianual por objetivos. La propia LOSU habla de una financiación estructural, basal, que garantice a las universidades públicas suficiencia financiera para poder ofrecer el servicio público de Educación Superior y el establecimiento de unos indicadores u objetivos para poder incrementar la inversión pública.
