Todos los partidos políticos de las Cortes de CyL han confirmado su asistencia a la reunión propuesta por la Comisión de representantes de Investigadores de Castilla y León (CRICyL) ante las bases de financiación pública de proyectos de investigación en Castilla y León
Los investigadores pedirán su apoyo a PP, PSOE, IU-Equo, Podemos, C’s y UPL para que presenten una Proposición no de Ley conjuntamente en que se pida al gobierno de Herrera la modificación de la convocatoria de financiación pública de la investigación que recoja las reclamaciones básicas de este colectivo
La reunión acordada a propuesta de los investigadores, se celebrará el jueves en las Cortes Regionales, para exigir la inmediata y urgente retirada de la actual convocatoria de bases de financiación pública de la investigación de CyL.
La publicación por la Junta de Castilla y León, en el B.O.C.Y.L. del 29 de diciembre de 2015, de las bases reguladoras de la nueva convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ORDEN EDU/1115/2015, de 17 de diciembre), no ha tenido en consideración las reclamaciones que realiza desde hace casi año y medio buena parte de la comunidad investigadora de Castilla y León, en las que se piden cuestiones esenciales en I+D en CyL y por eso esperan que todos los grupos políticos asistentes a la reunión firmen un Pacto por la I+D en CyL.
La comunidad investigadora de CyL comenzó a cuestionar la actual política de investigación a raíz de la anterior resolución de ayudas, en la que se quedaron fuera del programa el 80% de los proyectos presentados, muchos de ellos relacionados con la arqueología, la química inorgánica, la educación, la historia, la literatura, el derecho, el patrimonio o la comunicación. Algo que viene repitiéndose en los últimos cuatro años y que ha supuesto un recorte de los fondos regionales para investigación, lo cual ha obligado a la paralización de muchos proyectos regionales, el cierre de laboratorios y el abandono de campos de conocimiento de investigación fundamentales.
Una batalla a la que se han sumado más de 600 investigadores de las cuatro universidades públicas de la comunidad, que firmaron en la plataforma de Internet Change.org una carta destinada a la Consejería de Educación exigiendo que se cumplieran los artículos 1 y 40 de la Ley Orgánica de Universidades que establecen que una función de las Universidades es la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura, y que la investigación es un derecho y un deber del profesorado universitario.
La comunidad científica de CyL no quiere que se consume lo que, para muchos, es ya una ‘muerte anunciada’ de buena parte de la investigación en Castilla y León, especialmente en las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, así como en investigación básica, que es aquella que atañe a todas las áreas del saber y que sirve para generar conocimiento pero que no tiene una salida directa al mercado.
Los investigadores recuerdan que “los países que tienen un enfoque de modelo productivo de alto valor añadido son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y en todas las disciplinas, también las humanísticas, sociales y artísticas, porque dicha investigación es la que genera las bases para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en lo social y más ecológico en lo natural. Sin los resultados de la investigación básica, seguiremos ahondando en posibles resultados técnicos y rentables para algunas empresas, pero sin saber al servicio de qué modelo social y humano los desarrollamos”, explica la catedrática de la UBU, María Luisa Lobato, que es uno de los cuatro portavoces de este movimiento que a finales de enero de 2014 iniciaron esta protesta de la comunidad científica de CyL y plantearon estas reivindicaciones al Gobierno regional.
Por eso, los investigadores quieren que todos los partidos políticos se involucren para exigir la inmediata y urgente retirada de esta convocatoria de bases y el diseño de unas bases y de convocatorias acordadas con la comunidad científica de las Universidades Públicas de CyL.