Juan José González López, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos, ha sido premiado por la Agencia Española de Protección de Datos por su obra "Los datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas en el proceso penal". El premio será entregado el día 28 de enero en la Universidad Carlos III de Madrid.
Este libro se basa en el trabajo realizado en el marco del Proyecto de investigación financiado por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León "Investigación del delito y límites de la intimidad: datos de tráfico de las telecomunicaciones, datos de localización geográfica, videovigilancia" y en la Tesis doctoral, dirigida por el profesor Julio Pérez Gil, defendida por Juan José González en la Facultad de Derecho en 2007, una tesis revisada y actualizada, incorporando jurisprudencia reciente, así como una atención particularizada al proyecto de Ley de Conservación de Datos de Comunicaciones Electrónicas.
El profesor concurrió a la convocatoria de la XII edición del «Premio de Protección de Datos Personales de Investigación», que organiza la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de promover y fomentar la investigación sobre el derecho fundamental a la protección de datos personales, desde un plano jurídico, económico, social o técnico.
La obra "Los datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas en el proceso penal" aborda una materia en íntima conexión con una de las dimensiones más novedosas de la investigación penal: el aprovechamiento de los datos de carácter personal a fin de perseguir delitos. Aunque la obtención y utilización de información es una de las características propias de la instrucción judicial y, en definitiva, de toda investigación penal, ya que, como prevé el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ésta tiene como finalidad "averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes", lo cierto es que, merced a la potencialidad de las nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento de la información, se han multiplicado exponencialmente las posibilidades de empleo de los datos de carácter personal. Entre este tipo de datos, los de tráfico, vinculados al fenómeno de la comunicación a distancia por medio de un artificio técnico, ocupan un lugar destacado.
Juan José González López recuerda "Los datos de tráfico de las comunicaciones electrónicas, de los que son ejemplo los listados de llamadas efectuadas o recibidas y la identificación de los visitantes de páginas web, han adquirido un considerable protagonismo en la investigación penal, que está llamado a incrementarse. Estos datos representan una parte accesoria del contenido de las comunicaciones dotada de relevancia propia, tanto por lo que respecta a su reglamentación en el marco de las comunicaciones electrónicas, como en el proceso penal. Su trascendencia es indudable en relación con delitos cometidos a través de las comunicaciones electrónicas, pero también se manifiesta respecto de múltiples investigaciones de delitos de tanta relevancia social como son los propios de la criminalidad organizada (caso de los tristemente conocidos atentados de Atocha). Su potencial, lejos de limitarse a la identificación (necesitada generalmente de otro tipo de datos afines, los de abonado) comprende la localización de autores y víctimas, la realización de perfiles de personalidad e incluso la aportación de fuentes de prueba capaces, llegado el caso, de contribuir a desvirtuar la presunción de inocencia".
En este proceso se ven en juego derechos fundamentales: derecho al secreto de las comunicaciones, protección de datos, e incluso a la libertad de expresión e información. Aunque nadie pone en duda la necesidad de dotar a las autoridades encargadas de la persecución penal de nuevos instrumentos con los que desarrollar su labor, lo cierto es que la tendencia constatable a superar los límites que suponen las garantías clásicas del proceso nos alerta de la importancia de un debate en profundidad acerca de estas medidas, máxime cuando, en virtud de algunas de ellas (como la llamada "retención de datos") se está socavando lo que es una de las esencias del proceso: la existencia de indicios de comisión de un hecho delictivo.
La obra analiza no sólo las distintas diligencias de investigación orientadas a la obtención e incorporación al proceso de estos datos, sino también las medidas de aseguramiento, utilización con fines de investigación penal y su eficacia probatoria en el marco del proceso penal.
Es preciso subrayar que Juan José González considera inconstitucional la "retención de datos", frente a la medida denominada "preservación" de datos. Finalmente, en su obra, analiza la eficacia probatoria de los datos de tráfico y trata de un asunto que entronca con la problemática relativa a la "prueba electrónica", en que el autor incursiona, analizándola desde la óptica de los datos de tráfico.