Un catedrático y dos profesores de la Universidad de Burgos afirman que "La sociedad civil debe reconquistar los grupos de acción local frente a la Administración"
Los profesores de Derecho Civil José María Caballero y José María de la Cuesta y Tomás Prieto de Derecho Administrativo reclaman una modificación normativa que "restaure el significado de la metodología LEADER" 20 años después de su nacimiento, según detallan en el ‘Estudio sobre el régimen jurídico de los grupos de acción local y su relación con las Administraciones públicas', elaborado en colaboración con la Red Estatal de Desarrollo Rural
A juicio del catedrático José María de la Cuesta y de los profesores de la Universidad de Burgos José María Caballero y Tomás Prieto la actuación de las Administraciones ha contagiado el funcionamiento de los grupos de acción local y ha llevado, en unos casos, a "violentar" la correcta concepción de la metodología LEADER y, en otros, a suplantar por completo esta forma de trabajo "para convertirla en una actuación administrativa convencional".
Los profesores han elaborado un ‘Estudio sobre el régimen jurídico de los grupos de acción local y sus relaciones con las Administraciones públicas en el ámbito del desarrollo rural'. El informe, elaborado en colaboración con la Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER), advierte frente a esa intromisión y reclama una ambiciosa reforma normativa que "restaure en sus justos términos el significado de lo que se ha venido conociendo como filosofía o metodología LEADER".
Este modo de funcionamiento nació en 1991 para dar el protagonismo a la sociedad civil en el diseño y aplicación de las políticas de desarrollo rural. Desde entonces ha sido reconocida, de forma casi unánime, como la herramienta más operativa y equitativa puesta en marcha por la Unión Europea a favor de sus territorios rurales.
El documento se detiene a analizar todas las normas comunitarias y nacionales que son de aplicación a los grupos de acción local, integrados por personas físicas, empresas, asociaciones que operan en un territorio determinado y entidades públicas, que no pueden superar el 50% de los órganos de decisión.
Además, el informe estudia las fricciones que se producen entre los diversos bloques de normas y apunta soluciones concretas para, a continuación, elaborar propuestas de reforma legislativa, que afectarían a la vigente Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y a las normas que la desarrollan.
Como señala en estudio encargado por REDER, desde hace dos décadas "la Unión Europea ha querido fomentar la agrupación estable de personas del ámbito rural con la finalidad de incentivar, a través de subvenciones, el desarrollo de sus municipios pequeños y sus comarcas".
***El informe completo se encuentra en el enlace:
http://www.redestatal.com/estudio-juridico-de-los-grupos-de-accion-local